La herramienta que fue anunciada con bombos y platillos por Mauricio Macri ayer como una forma de combatir delitos graves, en la provincia tuvo su debut público el año pasado. Ya se llevó adelante una subasta de autos en noviembre y a fines de febrero se llevará adelante la segunda.
Se desató una potente polémica tras el anuncio del presidente Mauricio Macri acerca del Decreto de Necesidad y Urgencia para poner en marcha la Extinción de dominio.
Se trata de una herramienta a través de la cual la justicia puede poner a disposición del estado los bienes malhabidos, frutos de la obtención por medio de delitos como corrupción, narcotráfico, trata, entre otros.
Lo que siguió al anuncio presidencial pareció predecible: desde el oficialismo la exaltación de esa jugada y la puesta en valor de la iniciativa; en cambio desde la oposición, se enunció que “la figura de la extinción de dominio es una puesta en escena para distraer al país de la situación económica imperante”.
Pero no fueron las únicas posiciones esbozadas, sino que desde Santa Fe también se alzaron voces.
El ministro de seguridad, Maximiliano Pullaro utilizó su cuenta de twitter para manifestarse al respecto:
En el programa Apto para Todo Público, el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza brindó detalles de la norma y planteó las diferencias con lo que pretende instrumentar el Estado Nacional.
Ante todo, sostuvo que “en la provincia ambas cámaras legislativas lo votaron y lo convirtieron en ley, es decir se le dio constitucionalidad”.
Además, Figueroa Escauriza resaltó que Santa Fe es la única provincia del país en la cual funciona una estructura de este tipo.
El funcionario recordó que en noviembre pasado se subastaron 17 autos en la ciudad de Rosario y se recaudaron más de $4.000.000.
Con esos fondos se adquirieron elementos de teconología y deportivos para donar y proveer a entidades educativas y de bien público.
A fines de febrero, se llevará a cabo la segunda subasta, para lo que los interesados deberán inscribirse en la página web provincial y así se expondrán a una investigación del estado para verificar su aptitud y participar del remate.
Se pondrán a consideración entre 19 y 25 vehículos incautados a delincuentes y se esperan recaudar fondos para compra de bienes que también serán donados.