Aseguran que «ningún país desarrollado establece porcentajes de afectación de servicio en una huelga»

La aseveración fue hecha por el abogado constitucionalistas Juan Andrés Pisarello en conversación con ATP sobre el decreto 3450/25 del Gobierno de Javier Milei. El especialista señaló sobre la declaración de esencialidad de varias ramas de servicio es «fuego de artificio» de un «populismo punitivista» y agregó: «En un paro ¿cuándo se cortó la atención en una sala de emergencias?. En cambio si hubo desabastecimiento en las góndolas cuando hubo lock out patronal». Es de recordar que el decreto retomado por Nación es calcado de un pasaje de la Ley Bases que ya fue rechazado por la Justicia Laboral, lo que, también constituye un desestimamiento de un fallo judicial. «Seguro lloveran las recusaciones judiciales», agregó el letrado.

Tras la publicación del decreto 340/2025 por parte del Gobierno Nacional, ATP consultó al abogado constitucionalista Juan Andrés Pisarello para conocer la letra chica de la norma. «Nuevamente el gobierno vuelve a contraatacar estableciendo cómo deben ser los servicios esenciales o puntualmente cómo debe ser la huelga y qué cantidad de gente puede o no asistir a una huelga que es el primer punto constitucional». apuntó. A su vez, el letrado puso énfasis en otro decreto que aspira a «reformar la ley 23.551 que tiene un decreto reglamentario en relación a un procedimiento en caso de acefalía de los sindicatos, que es el mismo procedimiento, el mismo sentido que tiene la ley y que simplemente lo que agregan es un plazo de cumplimiento de 120 días para intervenir un sindicato cuando este está acéfalo».

«Es falso lo que dice el gobierno de que aspiral a la libertad sindical. Está interviniendo».

«Lo que el Gobierno omite es que para que existan libertades deben haber prestaciones que garanticen esas libertades y vamos a un ejemplo bien burdo para que todos tengamos garantizado nuestro derecho de propiedad, que es como el derecho máximo. Es la teoría que al existir una estructura de registros de propiedad detrás hay una estructura de contención estatal para poder fiscalizar y tener regularizado todo eso», prosiguió.

Y culminó: «Esos son fuegos de artificio, son mentiras en la especificidad del caso. Quienes hacemos relaciones laborales o tenemos muchos sindicatos en nuestra cartera de clientes como nuestro estudio, estamos verificando eso, además que las intervenciones de este tipo casi siempre son palanqueadas desde el estrado judicial. O sea, se va al juez o a la jueza laboral para que diga, «Che, tengo este problema en el sindicato, por favor, tratemos de normalizarlo.» Y ahí entra un poco lo que es el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de sus delegados normalizadores.

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