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El abogado y ex ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, criticó las disparidades en los costos del transporte público y aboga por una reforma constitucional inclusiva
En una entrevista reciente, el abogado Roberto Sukerman habló sobre las desigualdades en los precios del transporte público entre Buenos Aires y otras provincias argentinas. El especialista en litigio estratégico de la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también ofreció su perspectiva sobre la importancia de una reforma constitucional en Santa Fe.
Durante la entrevista, Sukerman se refirió a un meme popular que critica las quejas de los porteños sobre el aumento del precio del boleto de colectivo. «Los porteños se quejan de pagar un boleto tan barato», señaló, destacando que en Buenos Aires el precio del boleto no supera los 400 pesos, mientras que en ciudades como Santa Fe puede llegar a más de 10,000 pesos en áreas metropolitanas. Esta disparidad, según Sukerman, es producto de los enormes subsidios que reciben los servicios públicos en la capital.
El ex funcionario nacional criticó las políticas del gobierno nacional que han recortado subsidios al transporte en las provincias mientras los mantienen en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). «La quita de subsidios al transporte pega en la línea de flotación del sistema», afirmó, mencionando que concejales de Rosario han presentado quejas sobre el deterioro del servicio debido a estas políticas.
El abogado también explicó el proceso legal en curso para abordar estas desigualdades a través de un amparo colectivo presentado por vecinas de Rosario. Este amparo ha sido reconocido como el «amparo madre» por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «El amparo colectivo por los subsidios al transporte es una ratificación de nuestros derechos», comentó, subrayando la importancia de este fallo para las provincias.
Cambiando de tema, Sukerman expresó su apoyo a una posible reforma constitucional en Santa Fe, destacando la necesidad de actualizar la constitución provincial, que data de 1962 y fue modificada por última vez en 1994. «Necesitamos una Constitución del siglo XXI, no una del siglo pasado», dijo. Sin embargo, enfatizó que la reforma no debe ser un proceso exclusivo para académicos y políticos. «La población debe entender que una reforma constitucional puede transformar su vida», concluyó, abogando por un debate inclusivo que refleje las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía en general.
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