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La resolución de María Servini busca “evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente”. Sica respondió que respetarán la decisión.
La jueza María Servini dictó una medida cautelar donde le ordena al gobierno nacional que se abstenga de entregar 114.000 subsidios extraordinarios de $5000 para desocupados. La presentación ante la Justicia la había hecho el apoderado del Partido Justicialista (PJ), Jorge Landau.
Desde el espacio que lidera el candidato a presidente Alberto Fernández denunciaron penalmente al ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, y al secretario de empleo Fernando Prémoli por “condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio”.
La sospecha es que la maniobra tenía como objetivo orientar el voto hacia Mauricio Macri para achicar la brecha con el espacio que postula a Fernández y Cristina Kirchner. Ante este escenario, y en paralelo, se solicitó a Servini que restringa la entrega de estos “bonos” para desocupados hasta después de las elecciones de octubre.
Desde el PJ aseguraron que los subsidios iban a ser repartidos por intendentes bonaerenses afines al Gobierno y gobernadores cercanos al oficialismo. El Ejecutivo tenía pensado destinar a este proyecto $570 millones.
Desde el coloquio de IDEA, el ministro de Producción, Dante Sica, se pronunció sobre la cuestión y aseguró: “Somos respetuosos de la Justicia. A partir de la sanción de la emergencia alimentaria hubo una reasignación de partidas para el programa de desocupados. Si la jueza dice que tenemos que suspender el pago lo haremos, daremos todos los requerimiento de información. Los abogados están mirando lo que se dictó”.
En su fallo, Servini planteó que el subsidio “podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años, es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social”.
El fiscal Jorge Di Lello había expresado que debía ordenarse al Ministerio de Trabajo y Producción que se suspenda la implementación del subsidio al sostener que “podría albergar en su ejecución un condicionamiento sobre la voluntad de los electores”.
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