ATP Apto para Todo Público
Una comisión de 11 diputados y diputadas de la provincia intentan establecer qué caminó realizó la firma para llegar al concurso. Ya se reunieron con varios actores del conflicto.
El Caso Vicentín preocupa a todo el país, no sólo al norte santafesino y a toda la provincia.
Más allá de las especulaciones sobre el destino de los fondos de los préstamos que recibió la firma, sigue siendo un enigma el destino real.
La Cámara de Diputados de la provincia votó por unanimidad la formación de una comisión abocada específicamente a investigar el caso, formada por 11 legisladores, representando a cada bloque.
Uno de ellos es Fabían Palo Oliver (UCR – FPCyS) quien brindó detalles del viaje que realizaron al norte santafesino para establecer un primer contacto con los actores del caso.
Mediante una comunicación virtual, con el programa televisivo Apto para Todo Público, el ex intendente de Santo Tomé dijo que “en la primera reunión establecimos un reglamento y las acciones, y entre las primeras de estas surgió el viaje a Reconquista”.
Afirmó que “estuvimos trabajando dos jornadas (miércoles y jueves), tuvimos reuniones con actores involucrados en la vida del Grupo Vicentín, y una vez al mes habrá un informe de lo investigado”.
El miércoles, los y las diputadas mantuvieron reuniones con el juez del concurso, Fabián Lorenzini; los representantes sindicales (aceiteros, textiles, y de la carne); con los intendentes de Reconquista y Avellaneda y con los integrantes del directorio de la firma Vicentín.
Vale recordar que la empresa acusó “estrés financiero”, a fin del 2019, momento en el que entraron en cesación de pagos.
La deuda total del Grupo Vicentín asciende hoy a U$S 1.050 millones, compuesto por deudas financieras, créditos que tomó la firma, y proveedores.
El desglose de esa suma es: U$S 300 millones a diferentes proveedores, U$S 290 millones al Banco Nación, U$S 260 al Banco de la Provincia de Buenos Aires (lo que totaliza prácticamente el 60% de la deuda) y el resto con diferentes entidades financieras extranjeras.
En un concurso debe garantizarse que la empresa siga con sus actividades, lo más normal posible, para que los trabajadores puedan cobrar su salario, por el otro lado que los acreedores puedan cobrar.
Palo Oliver dijo que “los acreedores son entre 2600 y 2700, a lo que hay que sumar un reclamo de los trabajadores en el ministerio de Trabajo porque el grupo les está debiendo el pago de un bono de fin de año por producción de $50.000 a cada uno”.
El legislador santafesino insistió que una de las líneas principales de la investigación es “que se sepa qué hizo Vicentín con los U$S 290 millones que le prestó el Banco Nación”.
También dijo que “hay radicada una denuncia en las oficinas de Comodoro Py, por la cual un particular hace un reproche por la actitud que tuvo el directorio del Banco Nación, al otorgarle U$S 90 millones cuando la firma ya había manifestado el estrés financiero, pero aparte ya contaba con un informe negativo del Banco Central”.
Además, reveló que “hay una fuerte versión de que Vincentín estaría desprendiéndose de sus activos, pero eso cubre apenas entre el 30% y 40% de la deuda”.
Vale destacar también que los actuales directores del Banco Nación se pusieron a disposición de la Justicia para aportar datos sobre las gestiones llevadas adelante en los préstamos.
“Nos hemos llevado una buena impresión del juez, va a transparentar la comunicación y la tramitación del concurso, vía una página web”, dijo Palo Oliver.
“Me sorprendió la cantidad de créditos sociales que tiene la empresa, la mayoría de las personas con las que nos reunimos han hecho hincapié en que Vicentín debe resolver los problemas, pero resaltaron que los salarios se están pagando, sus inversiones en la zona, las raíces de sus capitales nacionales, pero hay mucha incertidumbre de cuál va a ser el final del grupo”, finalizó.
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