Reparación documental a víctimas del terrorismo de Estado

La UNL dejará constancia de los motivos reales por los que se interrumpió el desempeño de docentes, estudiantes y no docentes entre 1974 y 1983. Se repararán legajos de 486 cesanteados y 128 detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado.

Como parte del fortalecimiento de sus políticas sobre derechos humanos, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) dispuso la reparación documental de los legajos de miembros de su comunidad que fueron expulsados, cesanteados, desaparecidos y/o asesinados entre 1974 y 1983. Así, se dejará constancia en los legajos existentes de los reales motivos que determinaron la interrupción del desempeño laboral o estudiantil de todas aquellas personas que fueron víctimas de persecución política. Además, se realizará la inscripción de la condición detenido-desaparecido o asesinado en los legajos personales de docentes, personal no docente y estudiantes de la Universidad.

El Consejo Superior de la Casa de Estudios fundamentó esta decisión en un informe presentado por el Programa Historia y Memoria de la Secretaría de Extensión Social y Cultural a la Comisión por la Reparación Histórica y Documental de la UNL. En el mismo, se cuentan 128 casos de detenciones, desapariciones y asesinatos por terrorismo de Estado y 486 cesantías. “Se trata de un trabajo muy minucioso, muy académico y que involucró a los gremios, la Federación Universitaria y a todas las unidades académicas. De esta manera estamos ratificando el compromiso de la UNL con los derechos humanos, con el cierre de una etapa nefasta y la apertura de otra nueva, hacia la democracia y las libertades individuales”, dijo al respecto Adrián Bollati, secretario General de la UNL.

Desaparecidos, asesinados y cesanteados

El informe elaborado por el Programa Historia y Memoria da cuenta de la documentación relevada en el archivo del Consejo Superior de la UNL en el período antes mencionado. Involucra a los rectorados de Celestino Marini y Julio García Martínez -previos al golpe de Estado de 1976-, el del delegado de la junta militar Hipólito Núñez, el de Jorge Douglas Maldonado –durante la última dictadura militar (1976-1983)- y el de Benjamín Stubrin, que dio inicio a la etapa de normalización institucional durante el gobierno constitucional electo a fines de 1983.

“Desde mediados de 1974 comienza a haber cesantías en la Universidad. Esas cesantías se acrecientan a partir de la intervención que se produce en septiembre de 1975 cuando se desplaza al rector Celestino Marini y se lo sustituye por el interventor García Martínez. Y después, por supuesto, en los primeros años de la dictadura. 1976 y 1977 es el periodo en el cual mayor cantidad de cesantías hay”, apunta Fabiana Alonso, directora del Programa Historia y Memoria.

El informe presenta nóminas que contienen información sobre cesantías, expulsiones y reincorporaciones de docentes, empleados no docentes, estudiantes y empleados de la radio LT10. Estas se elaboraron a partir de información obtenida de la prensa y de las resoluciones y ordenanzas de la UNL. Así, se llegaron a detectar 486 casos de cesantías. Entre estos casos se encuentran los de 317 docentes, 36 estudiantes y 133 no docentes y/o miembros de equipos de trabajo de la UNL.

Además, presenta una nómina unificada de 128 miembros de la comunidad universitaria que fueron detenidos – desaparecidos y/o asesinados por el terrorismo de Estado. Esta nómina incluye a docentes, no docentes, estudiantes y graduados y fue confeccionada sobre la base de la información recopilada en las distintas facultades de la UNL (placas conmemorativas y publicaciones) y la información contenida en los dos libros publicados por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe (Historias de vida. Homenaje a militantes santafesinos. Aportes para la construcción de la memoria, Tomos I y II, 2007 y 2010, respectivamente). Cabe destacar que la nómina fue controlada por la mencionada Secretaría.

Investigación abierta

En el desarrollo del relevamiento, el Programa Historia y Memoria pudo determinar que existieron otras formas de exclusión que no aparecen en los archivos documentales. “También detectamos que hubo muchas cesantías encubiertas. Es decir, personas –sobre todo docentes– que eran dejados cesantes pero no a través de una resolución. Por ejemplo, había docentes que venían desempeñándose en la Universidad desde fines de los años ‘60, con contratos. Y llegaba un momento en que no se los renovaban”, dijo Alonso al respecto.

Como las circunstancias referidas en el informe implican que puede haber casos no incluidos en la nómina, la lista se encuentra abierta y puede ser modificada a medida que se tome conocimiento de nuevas evidencias. La recepción e investigación de nuevos casos será realizada por el Programa Historia y Memoria ([email protected]).

“Me parece muy importante que en el centenario de la Universidad, la propia institución se haga cargo de reparar los legajos de las personas que fueron afectadas por la represión. Es un acto sumamente importante porque es un elemento más de fortalecimiento de la convivencia democrática y de la democratización de las instituciones”, concluyó Alonso.

Cabe destacar que la resolución del Consejo Superior y su anexo se encuentran a disposición en el Museo y Archivo Histórico de la UNL para su consulta, así como todos los antecedentes de la investigación.

 

(Fuente: Prensa UNL)