Causa Bolsafe: el círculo rojo santafesino puede beneficiarse

El Fiscal Martín Suárez Faisal dictaminó a favor de un pedido de siete imputados para suspender el juicio a prueba. Esto haría que la culpabilidad de los acusados nunca pudiera establecerse. Hay indignación de los estafados. Los detalles en la nota.

La causa Bolsafe se inició en 2012, lleva siete años de proceso, tuvo cierto impulso que le dieron el fiscal Walter Rodríguez y la Procelac (el organismo encargado de detectar e investigar delitos financieros). El minucioso estudio de los rastros que dejaron los estafadores de la la firma bursátil Bolsafe Valores estableció que se utilizaron tres maniobras delictivas que sirvieron para operar y crear un esquema habitual y permanente con fecha de inicio en 2003.

En los últimos días, los damnificados se desayunaron con que el fiscal federal que entiende en la causa, Martín Suárez Faisal actuó de una forma poco común y con una carga completamente inclinada hacia la parte imputada y no coordinada con la querella o los estafados.

Al parecer, el funcionario judicial dictaminó a favor del pedido de siete imputados para que se suspenda el juicio a prueba. Si este trámite toma el carril pretendido por los acusados, hay posibilidades de no establecer su culpablidad.

“Estamos haciendo los reclamos en función del primer tramo de imputaciones en el cual estaba comprendido el Contador Mario Rossini. Siete de esos imputados presentaron un pedido de suspensión del juicio a prueba”, relató en el programa televisivo Apto para Todo Público Enrique Muller, abogado de algunos damnificados.

“Llamativamente el fiscal general del Tribunal Oral Federal solicitó la concesión del recurso, haciendo lugar a la petición de la defensa y dejó de lado a los que sufrieron la estafa, cuando lo que debe hacer un fiscal es actuar coordinadamente con los querellantes o las víctimas”, sostuvo el profesional.

Muller también dijo que el fiscal incumplió varios pasos que indica la ley como por ejemplo agotar todas las formas posibles para impulsar acciones penales cuando las partes querellantes así lo soliciten. “La sensación es que estaba todo acordado con la defensa y no con los damnificados”, sostuvo el letrado.

“Sentimos indignación, parece que el fiscal estaría del lado de los delincuentes y no de nosotros”, dijo en Apto para Todo Público Débora Salica, una damnificada.

“Es una mezcla de indignación e impotencia, en vez de ponerse del lado de los poderosos, se ponen del lado de las víctimas”, dijo por su lado María Angélica Gabás, otra estafada. Agregó que “sabíamos que la lucha iba a ser desigual, pero queremos Justicia”.

“¿Cómo puede ser que se compare este hecho al robo de una bicicleta?”, se interrogó Muller, y anticipó que se está evaluando una presentación ante el procurador general de la Nación.

“Vamos a seguir luchando como damnificados, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a hacer marchas y todo lo que sea necesario para defender nuestros derechos, queremos cárcel, no solo la reparación económica”, sostuvo Débora.

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