Decretan un protocolo contra violencia de género y proponen la adhesión a la Ley Micaela

La normativa establece la capacitación obligatoria en la temática a los agentes públicos en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El gobernador Miguel Lifschitz decretó, la conformación de un “Protocolo de actuación para la prevención y atención frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral”.

También envió a la Legislatura provincial un proyecto para que Santa Fe adhiera a la “Ley Micaela”. El objetivo capacitar y sensibilizar en la materia a quienes integran los diferentes estamentos del Estado.

“El Estado debe ofrecer a los funcionarios y agentes públicos, herramientas ágiles y eficaces para afrontar situaciones de violencia ocurridas dentro de su ámbito laboral y lograr el cese inmediato de esos sucesos, profundizando a su vez la prevención, difusión y capacitación en todo lo atinente a esta problemática”, señala el decreto firmado por Lifschitz.

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El proyecto indica que “las máximas autoridades de los organismos son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones” y se invita a sumarse a todos los municipios y comunas de la provincia.

“Con estas dos medidas, estamos poniendo al gobierno provincial en línea con la legislación y los criterios más avanzados en materia de prevención de la violencia y el abuso contra las mujeres”, afirmó el gobernador.

Protocolo De Acción
Por otra parte, se establece un protocolo de acción por el cual, la persona afectada por una situación de violencia de género recibirá asesoramiento legal y asistencia integral en forma gratuita en todo el territorio provincial. En el caso de que la/el afectado lo requiera expresamente, debe ser oída/o personalmente por la autoridad administrativa correspondiente.

La persona afectada será acompañada y contenida en todo trámite posterior a la consulta, petición, presentación o denuncia que realizara. Asimismo, se le garantizará la participación en el procedimiento y la información sobre el estado y avance del trámite.

El protocolo será de aplicación para los agentes públicos; el personal y las autoridades superiores de las entidades autárquicas; el personal docente, policial y penitenciario; las autoridades superiores; y el personal de gabinete.

“El protocolo se traducirá en una herramienta para promover un ámbito de trabajo libre de violencia, acoso sexual y discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, fomentando la protección integral de los derechos humanos, la prevención y la sensibilización en materia de igualdad y equidad de género”, indica el decreto.

Además, se establece que la secretaría de Derechos Humanos de la provincia será la jurisdicción encargada de la recepción y el trámite de las denuncias, peticiones, presentaciones o consultas vinculadas con situaciones de violencia de género contra funcionarios o empleados públicos provinciales, conforme al Protocolo aprobado en el artículo precedente.

Procedimiento
Las personas que se consideren afectadas o sean testigos directos de situaciones de discriminación o violencia de género podrán consultar y/o pedir asesoramiento. La intervención se iniciará a partir de la recepción de dichas denuncias y, si las circunstancias del caso lo ameritan y la persona afectada desea realizar una denuncia formal, se deberán seguir los mecanismos establecidos por el procedimiento disciplinario previsto en la legislación vigente.

Puede interesarte...

Provincia y Nación trabajan en la logística para la habilitación de la nueva Cárcel Federal de Coronda

La inauguración del penal está prevista para el 20 de diciembre, y comenzará a funcionar en el año 2025. Tendrá capacidad de alojar 464 internos masculinos con causas federales y de alto perfil. El lugar contará con 300 empleados, que llegarán para radicarse en la región. En el marco de la política de infraestructura carcelaria que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezaron un encuentro de trabajo con legisladores y autoridades del Servicio Penitenciario de Nación para delinear la logística necesaria para el funcionamiento de la nueva cárcel federal de Coronda. El penal tendrá, en principio, la capacidad de alojar 464 internos masculinos con causas federales y de alto perfil. Luego del encuentro, Scaglia indicó que “hoy recibimos al Servicio Penitenciario de la Nación para avanzar en la apertura de la cárcel federal que va a estar radicada en Coronda y que en los próximo..

A %d blogueros les gusta esto: